Sitúese en la carretera de Seixalbo (Ourense). Allí cuatro empleados de un concesionario acaban de ser despedidos al dictado de la nueva reforma laboral. La trabajadora más antigua llevaba 25 años en la empresa. Con el decreto en la mano le ha correspondido una indemnización de 18.000 euros pese a que, como despido improcedente, según las reglas anteriores — 45 días por año hasta un máximo de 42 mensualidades— hubieran sido 50.000 euros, según cálculos de Etelvino Blanco, (CIG). La empleada ha cobrado el 36%. La empresa, por descontado, alegó causas de producción y económicas basadas en un descenso de las ventas, que en el caso de los concesionarios es una circunstancia especialmente aguda desde hace varios años.
Sin salir de esa provincia, seis convenios colectivos están a punto de morir: los de sanidad privada, comercio textil, piel, sector vitivinícola, tostaderos de café y limpieza de hospitales. El suelo salarial que marcan se esfumará porque deberían de haberse negociado en 2010 y, otra vez gracias a la reforma laboral, “si en dos años no hubiera uno nuevo, perderán su vigencia”.
“La patronal está instalada en posiciones maximalistas”, denuncia desde Comisiones Obreras Daniel Costas, que cree que hay un “letargo intencionado de los convenios que se tienen que renovar”, precisamente para buscar su desaparición. Ha habido un cambio radical, según las centrales de actitud. Por ejemplo “en el convenio de la limpieza y el comercio de A Coruña”, ejemplifica Paulo Paio, de la federación de servicios de CIG. “La consigna es bloquearlo”, dice. “Estamos viendo ya en las primeras semanas de la reforma cuál es su resultado. Pone en bandeja la paralización de toda la negociación colectiva para negociar a la baja o, directamente, para que desaparezcan los convenios”.
Hidro miño anunció 30 despidos porque no prevé mantener las ventas
Más casos: en Pereiro de Aguiar, la empresa Megatech, una multinacional que trabaja para Citroën, presentó recientemente un ERE de suspensión temporal para 60 días, pero sus ventas no han bajado, incluso pagan horas extraordinarias a la plantilla y mantienen contratos temporales para completar la producción. En la versión que trasladan a los sindicatos, dicen que lo hacen porque “se huelen” que en los próximos meses habrá un descenso de la demanda de las piezas que fabrican
Megatech no ha recortado su facturación pero suspende empleos
“Bienvenidos al infierno”, ironizan los sindicatos, que alertan de un goteo de despidos, traslados, recortes y, en suma, precarización del escenario laboral. Gestorías y despachos de abogados hacen acopio de documentación para explicar a las empresas cómo pueden navegar por la reforma. Anteayer mismo, una charla sobre ella organizada por la patronal del metal pontevedrés llenó el auditorio: casi 80 asistentes, inusual para ser una jornada informativa.
La aplicación del texto tiene consecuencias múltiples: “Si a un trabajador le reduces ahora el salario y lo despides dentro de seis meses, la base de cotización para calcular el paro que cobrará será de los últimos 180 días. Lo mismo ocurrirá en el caso del cálculo de la indemnización por despido, que se basará en el salario que tenga el trabajador en ese momento. La consecuencia lógica es que dentro de seis meses muchas personas, además de ver reducido su salario, podrán ser despedidas con muy poco, porque no existen polos de actividad económica que no hayan tenido rebajas de ingresos”, analiza Paio.
En los últimos días, el astillero Barreras y Autopistas del Atlántico han anunciado que echarán a una gran parte de la plantilla con la ley en la mano. No tan grande es la empresa de construcción Hidromiño, que sin embargo ha planteado un ERE para más de 30 obreros “basándose en una previsión de que no mantendrá el nivel de obras”, según Xosé Xoan Melón (CIG), que recalca la palabra “previsión”.
Sociedades como Alcoa o Finsa tramitan sus expedientes por las reglas anteriores, pero las centrales sospechan que muchos de los 20 ERE que el año pasado rechazó la Xunta (por poner dos ejemplos, Cemar Aluminios de Ames y Man Equipos Comerciales de Ourense), volverán a retomarse porque ahora no necesitan de autorización administrativa.
En Vigo, el viernes se ejecutó en Unísono (un call center que vivió sonoras protestas el año pasado por echar a 117 personas), un despido por absentismo, y en esa misma ciudad, la empresa de análisis Segaprel va a acogerse a la posibilidad de descuelgue del convenio para reducir salarios, suprimir contratos, aplicar movilidad geográfica y presentar un ERE. Otras empresas, como Cespa en Nigrán, lo harán, según han asegurado a la plantilla, para adoptar una mayor “flexibilidad horaria”.
